- Tribunales La sombra de la nulidad asoma sobre la instrucción de la jueza que investiga la dana
- Tribunales Tribunales Víctimas de la dana se querellan contra la jueza de Catarroja y piden la nulidad de la instrucción por la intervención de su marido
La jueza que investiga la gestión de la dana en Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado la nulidad de la instrucción y la recusación que plantea contra ella el abogado de ocho víctimas, Rubén Gisbert, que también presentó una querella en el TSJ por irregularidades, acusando a la magistrada de haber cometido varios delitos, entre ellos la participación de su marido, también juez, en la instrucción.
Lo ha hecho, además, en un auto en el que responde con dureza al también youtuber, a quien acusa de querer "dinamitar" la causa sin respeto a las víctimas y de tener una "absoluta animosidad" hacia ella. También está plagado de reproches a la actuación profesional del letrado. Sin embargo, no hace mención expresa alguna a la denuncia del abogado sobre el papel de su marido en algunas testificales de familiares de fallecidos ni a los audios publicados en los que se recoge esa intervención.
La jueza asegura que el escrito en el que Gisbert solicita la nulidad y su recusación "rezuma de desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal" hacia a ella, en un escrito con una mezcolanza de ideas que nos sitúa en una realidad paralela, procesal y fáctica", en la que el objetivo principal no es el avance en la instrucción, "sino simple y llanamente la desaparición de todo lo actuado, de todas y cada una de las actuaciones procesales, ofrecimientos de acciones, testificales, informes periciales y declaraciones de investigados", que son más de medio millar de personas". Para la magistrada, se trata de una pretensión "que solo podría calificarse como propia de una defensa".
Gisbert la considera "responsable de toda ristra de delitos en una enumeración sin fin" y Ruiz Tobarra le afea que desee "hacer tabla rasa". "Poco respeto hay por parte de dicho letrado hacia los familiares de las víctimas mortales, a los lesionados, cuando se les desea que vuelvan a contar el calvario que sufrieron. Poca voluntad de investigar hay cuando se desea que desaparezcan todas las pruebas, como informes, grabaciones, llamadas, vídeos....", recuerda.
Eso, para la magistrada, no es compatible con el hecho de que la procuradora con la que colabora haya solicitado "sorprendentemente" una prórroga de la instrucción durante seis meses más. "Esta juez no acierta a qué pretensión ha de atenerse de las dos formuladas por dicha representación: si a la petición de nulidad de actuaciones, o a la solicitud de la prórroga del plazo de instrucción. Sería bueno que se aclarara, para bien de todos", le pide.
La instructora deja claro también que "la voluntad de dinamitar el procedimiento, que no es propia de la posición procesal de acusación", choca con la ley, no está argumentada la indefensión ni cumple con los plazos legales de solicitarla, que es de 20 días. Es decir, si Gisbert detectó que la presunta intervención del marido a la jueza era causa de nulidad de las testificales en las que participó, debió solicitarla en el plazo de 20 días, no un año después, y fundamentar que causó indefensión a sus clientes.
Otro de los argumentos contra la jueza es instrucción "sesgada y arbitraria" que impedía investigar la gestión del Gobierno de España, escondiendo "una dirección política". Para eso la jueza se agarra al criterio de la Audiencia Provincial que, en varios autos, respaldó que no fueran imputados ni el presidente de la CHJ, Miguel Polo, ni el jefe de Climatología de Aemet ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Ruiz Tobarra considera que tampoco está fundamentada la causa legal en la que basa la petición de recusación, "ni la indefensión y perjuicio que ha sufrido en declaraciones en las cuales el letrado estuvo presente, según él mismo manifiesta. No consta protesta verbal, ni en el acta ni en un escrito posterior".
"En realidad, el resultado de sus pretensiones en el proceso, más allá de las peticiones de copias de autopsias e informes forenses, ha sido ciertamente escaso y con nulo éxito", dice la jueza, que le reprocha "su escasísima asistencia, presencial o telemática, a las numerosas declaraciones testificales practicadas en la presente causa, una de ellas tan relevante para la instrucción como la del señor Polo".
Tampoco deja pasar la petición de Gisbert de que la magistrada sea sometida a una "evaluación psiquiátrica" y recuerda que es una petición similar a la que formuló el abogado del imputado Emilio Argüeso, ex número dos de Emergencias, cuando declaró el jefe de Climatología de la Aemet. "Dichas diligencias, como se dijo en su día, son propias de regímenes totalitarios, como fue el caso de la URSS".