«Los tres hijos que dejaron cada uno de ellos ni siquiera pueden renovar su pasaporte o acceder a una pensión de orfandad. Todavía llegan cartas y multas a las casas de los dos muertos, como si estuvieran vivos. Casi seis años después, la madre de una de las víctimas todavía no sabe qué le pasó a su hijo, piensa que está de viaje fuera de Ceuta. El dolor que estamos viviendo no tiene nombre».
Son las palabras al teléfono de Naira Mohamed, familiar de Mohamed A. A., de 40 años, y de Mustafá D. M., de 49, dos ceutíes que murieron pasadas las tres de la madrugada del 8 de marzo de 2020 cuando iban a bordo de una narcolancha como las que surten de petacas de combustible a las embarcaciones de traficantes que operan en alta mar.
Una patrullera policial de Gibraltar detectó la lancha en la que iban, la persiguió durante alrededor de 15 minutos y, finalmente, la arrolló, pasando por encima de la tripulación. Se trató de un choque presuntamente accidental que estuvo plagado de aparentes irregularidades. Mohamed murió en el acto. Mustafá, en el hospital.
A bordo iban otros dos petaqueros. Eran otro español, Nordin D. L., sobrino de Mohamed, y Bruno M. G. S., de origen portugués. Uno de ellos sufrió la rotura de varias costillas. El otro salió ileso de la colisión. En el argot del narcotráfico se conoce como petaqueros a los suministradores de combustible de las embarcaciones con las que se trafica con cocaína o hachís por el sur de la península.
Uno de los finados falleció en España, pero acabó en el Peñón. El segundo ya murió allí. Cinco años y nueve meses después del incidente, el caso judicial sigue empantanado. Está archivado provisionalmente en España, mientras en Gibraltar se va a celebrar un segundo juicio.
Arranca este lunes y está previsto que dure dos semanas. Las familias de los dos muertos, mientras tanto, ni siquiera han recibido el certificado de defunción de sus seres queridos. Sin embargo, los dos cadáveres yacen enterrados en el cementerio musulmán de Ceuta desde entonces.
El incidente ocurrió a las 03.34 horas del 8 de marzo de 2020. La colisión se produjo en una zona de mar a 6,36 millas al este de la playa de Santa Bárbara, en La Línea de la Concepción (Cádiz). La patrullera de la Royal Gibraltar Police (RGP) Sir John Chapple inició una persecución de la narcolancha en la que iban los dos fallecidos pese a que se encontraba en aguas que Gibraltar ni reclama como suyas.
El seguimiento, a gran velocidad, finalizó en un violento choque entre ambas embarcaciones. La lancha policial gibraltareña venía reforzada con una quilla dentada. Pasó por encima en diagonal, de atrás hacia delante, de la embarcación de los petaqueros.
Tras el abordaje, la patrullera policial amarró la lancha de los petaqueros y la remolcó hasta el puerto de Gibraltar. Toda la persecución quedó registrada en las cámaras y sensores del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) español.
UN HOMICIDIO "ILEGÍTIMO"
Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras realizaron un exhaustivo atestado y tomaron declaración a los dos supervivientes. Tanto Nordin D. L. como Bruno M. G. S. aseguraron que los dos policías gibraltareños que les persiguieron no proporcionaron auxilio a Mustafá. También contaron que realizaron el viaje de regreso con los radares de su embarcación apagados para no emitir señales de su ubicación, y que los encendieron de nuevo poco antes de llegar a tierra, ya en aguas de Gibraltar.
Pero el lugar del suceso, ocurrido en aguas españolas, derivó en la apertura de una investigación en el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Línea. Las pesquisas acabaron sobreseídas a petición de la Fiscalía de Algeciras por imposibilidad de ahondar en el caso. El juzgado linense llegó a emitir una orden europea de investigación para intentar identificar a los implicados en el accidente, pero todas acabaron siendo rechazadas por Gibraltar.
En 2021, un jurado gibraltrareño emitió un veredicto con el que señalaba que los dos agentes sospechosos podrían haber cometido un «homicidio ilegítimo». Pero los dos policías, quienes ya no forman parte del cuerpo, recurrieron ante un tribunal de apelación, que ordenó una nueva investigación.
En el juicio que se va a celebrar ahora, como ya sucedió en el anterior, no se va a dirimir la responsabilidad penal de los presuntos infractores, sino que busca conocer las circunstancias exactas del incidente.
«Queremos justicia. Reclamamos que se haga justicia con nuestros familiares, nada más», explica Naira Mohamed, que ejerce de portavoz de las familias de ambos fallecidos. «Hasta el momento no se ha permitido registrarlos como muertos porque carecemos de los certificados de defunción. Estamos sufriendo racismo institucional por parte de Gibraltar. Si llega a ser un vecino de allí, la cosa hubiera cambiado. Pero no, eran dos españolitos de Ceuta».
Naira Mohamed añade que las familias pretenden que «quienes cometieron errores graves paguen por ello, que se depuren responsabilidades». «No queremos impunidad —afirma Naira—, la vida de nuestros seres queridos vale más que cualquier otras cosa».
Las familias de Mohamed A. A. y de Mustafá D. M. se enteraron de sus muertes a la mañana siguiente del suceso. La antigua pareja de Mohamed se quedó sin recibir la llamada de su por entonces esposo, como le había prometido hacer cuando terminara aquel trabajo como petaquero. Mohamed había aceptado embarcarse de nuevo en una de esas narcolanchas que había dejado atrás después de casarse. Su mujer no quería que lo hiciera.