Las autonomías reducen el número de alumnos por aula ante la inacción del Gobierno

La guerra en torno al número de alumnos por aula es la más antigua que se libra en la escuela. Los profesores y los padres luchan por reducirlo ante la resistencia numantina de las administraciones públicas porque es una medida muy cara y, hasta hace muy poco, la OCDE defendía que no era efectiva, o por lo menos no tan efectiva como otras, para mejorar el rendimiento académico. Pero en los últimos años no sólo ha cambiado la evidencia científica, estableciendo que el tamaño de los grupos sí que influye en la calidad educativa, sino que los gobiernos autonómicos han aprovechado la caída de la natalidad para rebajar las ratios.

De esta forma complacen a los docentes y las familias y dejan en evidencia al Ministerio de Educación, que hasta ahora no ha querido cambiar un decreto de 2010 que permite a los centros tener un máximo de 25 alumnos por unidad escolar en segundo ciclo de Infantil y Primaria, 30 alumnos en la ESO y 35 alumnos en Bachillerato.

Han pasado 15 años desde ese decreto del Gobierno de Zapatero, que se mantuvo con el PP y que ahora persiste con el PSOE. La ley educativa posibilita, además, un incremento del 10% sobre esas ratios por necesidades específicas de escolarización. Con la Ley Celaá el Ejecutivo desaprovechó la ocasión para regular una bajada que, en todo caso, ya se está produciendo de forma natural por la crisis de la natalidad: después de caer las matrículas en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria, la ESO ha comenzado también a perder alumnos.

Clave de la negociación

La ministra de Educación, Pilar Alegría, que negocia desde enero con los sindicatos una reforma de la carrera docente que tiene el cambio de las ratios entre sus principales puntos, ha prometido darles una propuesta por escrito en septiembre. Pero las CCAA ya se le han adelantado.

Todos los gobiernos autonómicos han formalizado, desde finales del Covid hasta finales de junio, acuerdos con los sindicatos para acometer una bajada progresiva del número de alumnos por aula en todas o casi todas las etapas educativas. Según los datos recabados por EL MUNDO en las 17 consejerías -País Vasco y Navarra no respondieron a la petición de información-, 15 CCAA de distinto signo político han fijado nuevas ratios que están por debajo de las que mantiene el Gobierno.

Establecer en la normativa una ratio máxima es importante porque es la manera de poner límites en centros de alta demanda o zonas tensionadas. Sin ese freno, aunque la población en edad escolar baje, hay barra libre para la masificación en determinados centros.

Cifras obsoletas

Los mapas que figuran en este reportaje reflejan esos topes, que no hay que confundir con la media de alumnos por aula, que en todas las CCAA es inferior a la ratio máxima. Estos mapas muestran que las cifras del Gobierno se han quedado obsoletas.

También señalan que los gobiernos autonómicos han sido más generosos en las etapas inferiores (Infantil y Primaria) que en las superiores, sobre todo en Bachillerato, donde aún no se nota la caída de la población.

Regiones más despobladas han podido permitirse reducciones más grandes. Galicia, por ejemplo, blindó el año pasado por ley un acuerdo con los sindicatos para poner un tope de 20 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en la ESO y 30 en Bachillerato; es decir, cinco menos en cada etapa que los del Gobierno central.

En La Rioja, la rebaja es igual que en Galicia salvo en la ESO, donde el límite está en 28 estudiantes. Castilla-La Mancha ha puesto un máximo de 22 niños en Infantil y 1º de Primaria, 25 de 2º a 6º de Primaria, 30 en la ESO y 32 en Bachillerato. Y Asturias es pionera en ofrecer una ratio 23 en todas las etapas educativas, de Infantil a Bachillerato.

Atender a las necesidades especiales

Los cambios más recientes se han ido acordando este año en Cantabria (20 niños en Infantil y Primaria), Extremadura (22 en Infantil y 30 en Bachillerato), Canarias (entre 16 y 20 en Infantil, 22 en Primaria y 25 en la ESO) y Andalucía, que, con 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria, implantará el mismo sistema que tiene Galicia por el cual se bonifica a las aulas con niños con necesidades especiales, que se contabilizan por dos.

La Comunidad Valenciana tiene también en cuenta los casos singulares y establece excepciones para determinadas localidades (con ratio máxima de 20, 22 o 23 alumnos por unidad) y colegios rurales agrupados, donde se pueden encontrar clases con entre 12 y 15 alumnos de ratio máxima o de entre 9 y 10 si son zonas en riesgo de despoblación.

También en Castilla y León los colegios rurales contemplan unos límites especiales. Y, en Aragón, se ha ido bajando la ratio «en aras de mejorar la calidad de la docencia» partiendo de un criterio general pactado de 22-27-30 pero que oscila según las zonas: en Zaragoza capital y zonas de expansión las ratios pueden llegar a 23+2 en Infantil.

Incluso las pobladas Madrid, Cataluña y Baleares, además de Murcia, han optado por obligar a bajar el tamaño de las aulas. Esta situación es insólita: durante muchos años las regiones del PP se opusieron a bajar las ratios, una medida que abanderó la izquierda hasta que llegó Pedro Sánchez al Gobierno.

Las CCAA han cambiado de postura para poder tomar las riendas de un proceso que igualmente se está produciendo ya por la nueva realidad demográfica, y que obliga a reorganizar tanto las infraestructuras como el personal. Al mismo tiempo que la escuela está perdiendo alumnos, España registra un máximo histórico de profesores.

«Se ha producido un cambio durante la última década. Antes se decía que la bajada de ratio no tenía un efecto significativo en el sistema educativo. La OCDE sostenía que era mejor tener a un docente bueno con 30 alumnos que a dos profesores con 15 estudiantes. Pero ahora la evidencia científica ha visto, utilizando métodos más causales, que una menor ratio alumno-profesor, especialmente en etapas tempranas como Primaria y en centros con más dificultades, puede traducirse en mejoras del aprendizaje», explica Ismael Sanz, investigador de Funcas y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

«La ratio permite un trato personalizado al alumnado y atender mejor a la diversidad. Es un garante de la igualdad de oportunidades», dice Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, que este verano ha dado al Ministerio un ultimátum: si no les hace llegar pronto una oferta por escrito sobre las ratios, habrá movilizaciones coincidiendo con la vuelta al colegio.

Alegría ha respondido que lo hará como muy tarde en los primeros días de septiembre, pero CCOO le reclama un máximo de 20 alumnos en segundo ciclo de Infantil y Primaria y de 25 en la ESO y Bachillerato.

«Hay mucho malestar entre los profesores. La economía mejora, pero no lo hace la educación. Ha crecido la pobreza infantil y hay más complejidad en los centros, más burocracia y menos recursos para impartir una educación de calidad. Si no hay avances, el Ministerio nos va a tener enfrente», avisa la máxima representante de este sindicato de izquierdas.

¿Qué podría recoger Alegría en su oferta de septiembre? Aunque los sindicatos son partidarios de derogar el decreto de 2010 y cambiar todas las ratios de forma uniforme, Ismael Sanz recomienda que la reducción se aplique «de forma focalizada allí donde genera mayor beneficio educativo». Es decir, no bajarla por sistema por igual en todas partes, sino tener en cuenta las particularidades de los centros con un mayor número de estudiantes con dificultades para seguir las clases o con problemas de comportamiento. Es probable que el Ministerio plantee esta vía, que ya contemplan varias autonomías. La Comisión de Educación del Congreso debatió en junio una iniciativa del diputado de UPNAlberto Catalán en esta línea. Fue aprobada sin ningún voto en contra, con la abstención del PSOE, Sumar y sus socios.

El investigador de Funcas advierte, por otro lado, que a medio plazo la llegada de inmigrantes puede provocar «una desaceleración en la caída de alumnos, sobre todo en Infantil y Primaria»: «Con 49 millones de habitantes, la población está en máximos históricos y desde 2022 crece a un ritmo de medio millón de personas más al año. Es probable que el descenso de estudiantes comience a frenarse dentro de tres o cuatro años, cuando los inmigrantes que están llegando ahora reagrupen a sus familias o empiecen a llevar a sus hijos al colegio».

Eso va a obligar, añade Sanz, a que los centros educativos recuperen aquellas aulas de enlace que se crearon en la década de 2000 para enseñar castellano e integrar en el sistema educativo a los llegados de fuera, muchas veces con el curso ya empezado. Las llamadas «aulas de integración» perdieron protagonismo durante la crisis económica y el Covid, pero volverá a hacer falta profesores para atender a este alumnado.