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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria que define jurídicamente por primera vez de forma específica la violencia para hacer daño a las mujeres principalmente a través de sus hijos y la tipifica como un delito autónomo en el Código Penal. De aprobarse, una vez que se complete su tramitación en el Congreso, quienes la cometan se enfrentarán a un agravamiento de sus condenas con una privación adicional de libertad de entre seis meses y tres años.
Según ha explicado la titular de la cartera de Igualdad, Ana Redondo, la nueva norma establece que este tipo de violencia tiene como objetivo "causar dolor o sufrimiento" a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja "a través de personas instrumentales o interpuestas". "Ésta es la clave", ha recalcado sobre una norma que ha situado como "pionera en Europa".
Hasta ahora se contabilizaban como víctimas de violencia vicaria sólo los hijos menores de edad de las mujeres maltratadas. Con esta ley se quiere ampliar el elenco a los descendientes mayores de 18 años, a personas con discapacidad sometidas a su patria potestad o custodia, padres, hermanos y parejas actuales, aunque no convivan juntos. También se busca "concienciar a la sociedad" de la necesidad de acabar con unos comportamientos que en el Gobierno califican como "salvajes".
La propuesta de modificación del Código Penal para castigar esta violencia establece dos tipos: uno genérico, en el ámbito de la violencia doméstica, con penas privativas de libertad de seis meses y un día a tres años, y uno agravado, en el contexto de la violencia de género, con penas de un año y medio a tres años. Se incluyen penas accesorias como portar armas por un intervalo de entre tres y cinco años.
Además, se incorpora la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos "directamente por el victimario precisamente para seguir causando dolor a la víctima". "Esto lo hemos visto recientemente con el caso Bretón", ha subrayado Redondo en alusión al intento de publicación de un libro sobre José Bretón, condenado por la muerte de sus dos hijos. "Afortunadamente la sociedad en ese momento acompañó a la víctima, fue por delante de la ley; lo que queremos es que en esta ocasión la ley acompañe a la sociedad", ha recalcado aunque es un supuesto al que no se podría aplicar "esta pena accesoria que tendrá que ser valorada por el juez", ya que el autor del citado libro no era Bretón sino el escritor Luisgé Martín.
Desde que hay registros en 2013, un total de 65 niños han sido asesinados por las parejas o ex parejas de sus madres, nueve de ellos en 2024 y otros tres en lo que va de año.
El encaje legal de la nueva norma se ha hecho a través de una propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, del Código Penal, del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Protección Jurídica del Menor.
Entre las novedades, también se establece la obligación de escuchar a los hijos menores de edad y a los mayores con discapacidad "antes de acordar el régimen de guardia y custodia". Además, se introducen cambios en la formación de los jueces incluyendo esta materia en las pruebas de ingreso y promoción y en la formación especializada y continua.
El anteproyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Igualdad en colaboración con el de Juventud e Infancia y el de Justicia, desarrollará el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge varias decenas de medidas relativas a la violencia vicaria. Redondo ha incidido en que han estado trabajando en él "en los últimos meses".
Polémica por las pulseras
No obstante, el Gobierno ha decidido colocar este asunto en el foco mediático justo en medio de la polémica por los fallos reiterados en el sistema de pulseras antimaltrato para controlar las órdenes de alejamiento de los agresores de violencia de género. La ministra de Igualdad ha sostenido este martes que "se ha generado una alarma sobre la base de mentiras, bulos, falsedades y medias verdades" sobre las "incidencias" provocadas tras el cambio de empresa adjudicataria del servicio que ya su departamento ya negó que hubieran puesto "en peligro" a las víctimas, a pesar de que los problemas se produjeron durante meses y al menos hasta junio de 2025.
Durante su intervención en la rueda de prensa en Moncloa, Redondo ha defendido que éste es "el momento oportuno" para impulsar la tipificación de la violencia vicaria por el contexto político de una "ola reaccionaria" que pretende "devolver" las mujeres a una situación que ya se creía "superada". Además, ha destacado que las asociaciones del sector les habían trasladado la necesidad de regular esta cuestión y que el compromiso era "hacerlo a lo largo del mes de septiembre".
El Pleno del Congreso reprobó la semana pasada a ministra de Igualdad "por su negligente gestión" a instancias con los votos a favor de PP y Vox y gracias a la abstención de dos de los socios parlamentarios del PSOE, ERC y Junts. Aunque la exigencia de destitución que lleva aparejada esta moción no tiene efectos vinculantes, en la práctica visualiza el cuestionamiento de una ministra que hasta ahora se había caracterizado por su perfil bajo en contraste con su predecesora en el cargo, Irene Montero, de Podemos.