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La nueva modalidad de narcotráfico que azota al Campo de Gibraltar y que se está extendiendo al resto de Andalucía mantiene desbordada a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en la zona desde hace más de un año. Las organizaciones criminales que se han asentado allí tienen nuevas reglas, métodos más agresivos y defienden su mercancía con armas de guerra, algo que las grandes familias de la droga de la zona nunca habían utilizado. Los únicos agentes que pueden hacerles frente en igualdad de condiciones en la demarcación de la Policía Nacional (con las mismas armas) son los antidisturbios, que ya han pedido desplegarse allí para proteger a sus compañeros.
Sin embargo, según denuncian, el Ministerio del Interior no activa a los equipos para que se desplacen. La Unidad de Intervención Policial (UIP), nombre técnico del equipo, es un grupo itinerante que acude al punto del país donde se le necesite para prestar servicio. Esta unidad cualificada tiene armas de guerra, uniformes balísticos especiales y vehículos para poder contener, o al menos intentarlo, a los grandes traficantes que se han establecido en el sur.
La UIP, según revelan, ha solicitado intervenir allí en varias ocasiones sin que, aseguran, el departamento de Fernando Grande-Marlaska haya atendido su petición. Interior indica que «no ha habido ninguna petición en ese sentido». La primera vez que lo hizo fue cuando una narcolancha mató a dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate en el mes de febrero de 2024. «Obtuvimos el silencio por respuesta». Desde entonces, lo han planteado en varias ocasiones. La última, hace una semana y media cuando un traficante disparó contra un policía del GRECO -unidad de élite de la Policía Nacional- que pretendía acceder a un almacen de droga en un polígono industrial de Sevilla. El hombre abrió fuego con un arma de guerra y le alcanzó el estómago dejándole malherido. Todavía se recupera en el hospital.
La Federación de UIP del sindicato policial SUP ha expresado su malestar por la actitud de Interior ante un problema que, resaltan, «va a más». «No se entiende por qué desde el Ministerio del Interior no se toma la decisión de enviarnos a las zonas más castigadas por el narcotráfico para colaborar con nuestros compañeros sobre el terreno».
En concreto, los antidisturbios tienen vehículos que les permiten acceder a zonas de ríos con poco caudal de difícil acceso a las unidades convencionales por la orografía del terreno. Es en estas áreas en las que se refugian las lanchas con cargamentos de droga. La UIP tiene un parque automovilístico que consta de coches 4x4, otros parecidos a los Hummer y otros con capacidad incluso para navegar en aguas con poca profundidad.
Los agentes tienen acceso a cascos y escudos balísticos de alta protección capaces de soportar balas de calibre de guerra como las que disparan los narcos en la zona. En la actualidad, son los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) la que está desplegada en la zona. Sin embargo, se trata de equipos que no tienen la misma capacidad de reacción en cuanto a material, coches y armas que la UIP.
La itinerancia de estos equipos hace que sea necesario que Interior cubra los gastos de su estancia y las dietas, y en los últimos meses se ha conocido las dificultades para hacerlo. Por eso, han tenido que adelantar de su bolsillo las cantidades necesarias para poder desplegarse y trabajar. Hay una crisis constatada de pagos por falta de liquidez y eso ha cortado ciertos desplazamientos.
«Llevamos años advirtiendo de que el Campo de Gibraltar y su entorno se están convirtiendo en una zona de difícil control policial, en la que la droga campa a sus anchas, donde las organizaciones criminales actúan con una impunidad intolerable, exhibiendo armamento de guerra y recursos muy superiores a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en la demarcación», sostiene el sindicato.
«Es urgente reforzar todas aquellas plantillas con grupos de UIP, que tienen entre sus misiones específicas, la prevención, mantenimiento y restablecimiento, de la seguridad ciudadana y la actuación en situaciones de alerta policial declarada, por la comisión de delitos de carácter terrorista o de delincuencia común, así como el establecimiento de controles y otros dispositivos policiales».