La lotería del crimen: así opera el 'jogo do bicho' en Brasil

En Brasil, si sueñas con algo relacionado con el fútbol, significa que hay que apostar por el toro. Pero si el sueño es con un gato peleando, hay que hacerlo por el tigre. Ése es uno de los principios que siguen muchos brasileños antes de comprar un boleto del jogo do bicho (en portugués, "juego de los animales"), una lotería muy popular en todo el país sudamericano, a pesar de sus conexiones con el crimen organizado.

Todo comenzó en 1892, cuando João Batista Viana Drummond, propietario del zoológico de Vila Isabel, en Río de Janeiro, organizó una rifa con cartones con dibujos de animales para atraer visitantes, sin imaginar que estaba dando origen a una de las redes ilegales más duraderas, rentables y arraigadas del país, capaz de mover hoy unos 250 millones de euros al año.

Funciona así: el jugador acude a un quiosco, panadería o bar -entre otros locales donde se pueden adquirir los boletos- y elige uno de los 25 animales del juego, cada uno asociado a cuatro números consecutivos, del cero al 99. Por ejemplo, el avestruz va del uno al cuatro. Se puede apostar sólo al animal o afinar con un número exacto de dos, tres o cuatro cifras. El sorteo se rige por los números de la Lotería Federal de Brasil, lo que da al bicho apariencia de transparencia ante sus aficionados.

Desde fuera, esta rifa, que se podría comparar con una mezcla entre la Lotería Nacional de España -por el sorteo de números- y una quiniela -por las apuestas a combinaciones concretas-, parece inofensiva. Sin embargo, detrás del bicho late un engranaje que combina control territorial, blanqueo de dinero y vínculos con el poder militar y político, que opera bajo una estructura jerarquizada que, en los años 90, llegó a emplear a más de 50.000 personas sólo en Río de Janeiro.

En la cima de la pirámide de este gran negocio, insistimos, ilegal, hay banqueros, quienes, además de asumir el riesgo financiero del jogo do bicho, financian carnavales o a equipos de fútbol, y reparten alimentos en comunidades pobres para ganar apoyo. Con frecuencia, recurren a la violencia para preservar sus dominios familiares. Por debajo, los bicheiros (jefes regionales que se reparten el control de los distintos territorios del país) controlan barrios enteros. Y en la base, los vendedores, que tratan a diario con los aficionados y mueven el negocio en la calle.

Este entramado explica parte de la persistencia del jogo do bicho. Su red de puntos de apuesta, más amplia que la de las casas de apuestas oficiales, dificulta el control policial. Además, su patrocinio de eventos populares le asegura una enorme aceptación social. Desde 1941, negociar con el bicho se tipifica como infracción administrativa y no como delito grave. Por eso, las penas para los organizadores a los que se detiene sólo van de cuatro meses a un año de cárcel, lo que reduce considerablemente el riesgo para los participantes. A ello se suman las relaciones tejidas durante décadas con políticos, jueces y mandos policiales, que hacen la vista gorda y blindan el negocio frente a los intentos de las autoridades de erradicarlo.

Pese a su arraigo en todo Brasil, es en Río de Janeiro donde la historia alcanza tintes más espectaculares. En esta urbe, algunas familias protagonizan historias al estilo Juego de Tronos, en una disputa por el control del bicho desde hace décadas. Una de las figuras más destacadas -y temidas- en la cúspide de esta tela de araña del juego es Aílton Guimarães, conocido como Capitán Guimarães, un ex militar acusado de torturas y asesinatos durante la dictadura brasileña. Con el regreso de la democracia en 1985, trasladó su experiencia represiva a la organización estructurada que lidera: delimitó zonas de actuación, estableció alianzas con milicias e introdujo métodos violentos para ampliar su poder.

Entre las herederas de las sagas que controlan en este país el bicho, las más conocidas son las gemelas Shana y Tamara García, nietas del histórico bicheiro Maninho. Tras su muerte, la familia se dividió y las hermanas enfrentaron acusaciones de intento de asesinato mutuo, con la participación de sus ex parejas. En medio de ese ambiente violento, emergió la figura de su guardaespaldas, Adriano da Nóbrega, ex militar y jefe de una milicia en Río. Con reputación de asesino a sueldo, comenzó a operar en el bicho en 2006, cuando Rogério Mesquita -mano derecha de Maninho- lo reclutó para proteger a las jóvenes hermanas en este negocio dominado por hombres. Su relación con ellas coincidió también con una trayectoria marcada por vínculos con la familia Bolsonaro. En 2003 y 2005 fue homenajeado por Jair y Flávio Bolsonaro, incluso después de ser condenado por homicidio, y hasta noviembre de 2018 el hijo del ex presidente empleó en su gabinete a la madre y a la ex esposa del miliciano.

Otros nombres inquietantes completan el tablero detrás del bicho: Rogério de Andrade, investigado en una operación policial por expansión violenta del juego, corrupción y homicidio, fue el pionero en dar el salto a las apuestas ilegales online. Entre sus rivales, hay líderes como Vinicius Drumond y Adilsinho, involucrados en contrabando y atentados recientes.

En São Paulo, la violencia es menos visible, pero igual de estructurada. Ivo Noal, empresario discreto, fue durante décadas la figura dominante. En los años 2000, su fortuna se estimaba en más de 385 millones de euros: poseía más de 70 propiedades, empresas de aviación y una flota de helicópteros. Una ex secretaria que trabajó con él en 1985 relató a EL MUNDO cómo las operaciones del juego ilegal se realizaban en un edificio de lujo con seguridad "digna de película". "Durante un apagón, Noal nos lanzó detrás de un sofá, con un arma en mano, temiendo un atentado. Eso era normal".

Desde hace 34 años, se debate en el Congreso brasileño sobre la legalización de esta rifa, así como de otros juegos de azar en bingos y casinos. Un proyecto presentado en 2022 propuso regularizar estas loterías mediante concesiones, controles fiscales y el pago de impuestos. Sin embargo, el debate sigue estancado por la falta de consenso político. Según explicó Virgílio Lage, especialista en inversiones, al diario Estadão, "en teoría, legalizar el juego podría generar ingresos fiscales al Estado, crear empleos formales y reducir la delincuencia asociada al juego ilegal. Pero, por otro lado, los estudios muestran los riesgos sociales, como la ludopatía, el aumento de la vulnerabilidad financiera y el endeudamiento crónico en muchas familias, lo que, en muchos casos, termina superando los beneficios fiscales que se pretenden obtener".