No se multará durante un periodo "razonable" a los conductores sin baliza V-16
El Ministerio del Interior ha dado un paso definitivo en la seguridad vial española con la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la obligatoriedad de la baliza V16 en todos los vehículos. No obstante, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha aclarado que la Guardia Civil y las policías de tráfico mantendrán un periodo razonable de flexibilidad, en el cual se primará la información al ciudadano sobre la sanción económica. Según las fuentes, el propósito de la medida no es recaudatorio, sino estrictamente enfocado en la protección de los usuarios de la vía.
La urgencia de esta transición tecnológica se fundamenta en las alarmantes cifras de siniestralidad. Durante 2025, 103 peatones fallecieron en las carreteras, representando casi el 10% del total de víctimas mortales. Gran parte de estos incidentes ocurrieron cuando los conductores salían de su vehículo para colocar los triángulos de emergencia, una práctica que países como el Reino Unido y Luxemburgo ya han suspendido en autopistas por su extrema peligrosidad. Las autoridades estiman que 25 personas mueren al año específicamente mientras señalizan una avería o accidente.
La baliza V16 ofrece una solución doble: por un lado, evita que el conductor tenga que bajar del coche, y por otro, proporciona una iluminación visible a un kilómetro de distancia. Además, el dispositivo se integra en una estrategia de movilidad sostenible y conectada, enviando automáticamente la geolocalización de la incidencia a los navegadores de otros vehículos y a los paneles de información en carretera. Ante las preocupaciones por la privacidad, el ministro aseguró que no hay captación de datos personales, limitándose exclusivamente a la ubicación del vehículo para fines de seguridad.
España se sitúa como pionera europea en esta iniciativa, mientras otros países observan los resultados para incorporarla a sus propios códigos de circulación. Con aproximadamente 3.000 vehículos utilizando ya la V16 a diario, el Gobierno se muestra optimista sobre el cumplimiento de la ley.