El mamotreto de Añaza: un edificio maldito que se cobra vidas desde 1975, con dueños fantasma y cuya demolición nadie asume

Su nombre más aceptado es mamotreto de Añaza. Pero a lo largo de sus 50 años de historia ha acumulado muchos otros: el enigma inacabado, el hotel fantasma, el adefesio... Este último año ha sumado uno más tétrico: el edificio de la muerte.

«Ni una vida más», repite María del Carmen Guanche, vecina del barrio de Santa Cruz de Tenerife sobre el que se alza, desde 1973, una imponente estructura de cemento de 22 plantas con forma de Y. Guanche preside la Asociación 8 de marzo, que prepara una manifestación para el próximo 27 de diciembre, el día en el que la joven Misel cumpliría 13 años. La pequeña falleció la tarde del 4 de diciembre al precipitarse desde la quinta planta del edificio abandonado cuando jugaba allí con tres amigas, también menores de edad.

«Son 50 años los que lleva eso ahí. ¿Alguien me explica cómo no lo han podido tirar en todo ese tiempo? Se ha convertido en una pesadilla para el barrio. Este año ya han fallecido en él cinco personas...», lamenta la presidenta de la plataforma.

Las obras del edificio, ubicado en la calle Mayántigo, en la costa de Acorán, comenzaron en 1973 después de que una promotora alemana solicitara una licencia para construir un hotel de lujo de 741 habitaciones con vistas privilegiadas al Océano Atlántico, cuyas olas rompían contra la orilla a apenas 30 metros de distancia. Los trabajos se paralizaron por falta de fondos dos años después, cuando la edificación ya ocupaba 40.000 m².

Un coloso lleno de peligros

Desde entonces, la mole ha sido una pesadilla tanto para los técnicos que han pasado por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife como para los vecinos. El coloso de hormigón ha ejercido de foco de atracción para todo tipo de actividades. Instagramers y exploradores urbanos (urbexers) lo visitan con asiduidad y detallan los peligros a sus seguidores: los huecos destinados a los ascensores, las vigas expuestas, los pequeños agujeros en el suelo de hormigón que se agrietan al pisarlos, el viento que empuja los bordes...

El pasado lunes, la Policía Nacional desalojó a cuatro veinteañeros que se sacaban selfies en la sexta planta. Pero en sus inmediaciones ha ocurrido de todo: lanzamientos de bengalas, reunión de grafiteros, saltos entre balcones, colocación de chabolas e incluso la grabación de un videoclip: Abusadora, del famoso dúo de Añaza las K-Narias, que bailaban en él disfrazadas de mimo.

Borrar el mamotreto del mapa se ha convertido en un desafío tan monumental como su tamaño. En 1998 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estableció que el edificio invadía zona de servidumbre marítimo-terrestre y debía ser demolido por sus propietarios, que ignoraron la sentencia. El Ayuntamiento no estaba personado en la causa, por lo que consideró que al no tratarse de un bien de titularidad pública debía solicitar una serie de autorizaciones que no se agilizaron hasta dos décadas después.

Promesas incumplidas

«Las promesas han sido varias. Tras la sentencia nos dijeron que el derribo era inminente, pero después afirmaron que desde Costas no querían que los escombros cayeran al mar», recuerda Guanche. En 2017 el área de Urbanismo declaró la caducidad de la licencia concedida para la construcción del edificio e inició el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística. Una larga investigación determinó que sus dueños eran la entidad mercantil Teneriffa Ferienanlagen GMBH & CO. Treuhand- Und Verwaltungs-KG, la Comunidad de Bienes Santa María y la compañía mercantil Promociones y Servicios Los Guíos. Se les solicitó que asumieran su responsabilidad y costearan el derribo, pero tampoco hubo respuesta. En 2018 se instaló una red perimetral de cuatro metros de altura con 25 carteles en español e inglés que advierten del peligro. También se prometió colocar unas cámaras de seguridad que, según los vecinos, «nunca llegaron».

«No hay una fecha concreta para la demolición, pero confío en que se produzca antes de finales de 2024», decía en 2023 la concejala de Urbanismo, Zaida González. Incluso se adjudico un contrato de demolición, con un plazo de cinco meses, a la empresa Proyelim SM. En enero de este año, el Gobierno de Canarias aprobó 2,5 millones de euros para la demolición, a la que se sumaron otros 500.000 en julio por parte del Cabildo de Tenerife. Pero el edificio permanece inalterable.

Urbanismo desliza que intenta localizar a sus 435 dueños -de los que se sabe que 351 son alemanes y uno español- y que 2027 será, esta vez sí, el año de su desaparición. «Ahora tienen el dinero, pero como no es para fiestas, no corre prisa. Todo son excusas. Lo retrasan para que coincida con campaña electoral y sacarse la foto. Para ellos Añaza no existe», denuncia Guanche.